Queridos diocesanos:
La resolución del Tribunal Constitucional avalando la reforma de la ley del aborto del año 2010 ha sido objeto de la general atención de los medios de comunicación. El alto Tribunal se ha posicionado en un asunto de gran importancia para la vida de los pueblos. Lamentablemente, su decisión viene a consagrar la muerte del embrión o el feto como un derecho de la sociedad en general y de la mujer gestante en particular. La resolución citada constituye, así lo pensamos muchos, un ataque a los derechos de los más débiles, cuando estos son quienes más deben ser protegidos.
Los Obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, de la Conferencia Episcopal Española, han deplorado la resolución del Tribunal Supremo subrayando que la misma “permitirá entender el aborto como un derecho, declarando que haya seres humanos que no tienen derechos, y avalando de este modo una ley ideológica, anticientífica y que promueve la desigualdad”.
El juicio de los Obispos de la Subcomisión citada no deja lugar a dudas. Descalifica la resolución objeto de estas líneas tildándola, en primer lugar, de ideológica. Según esto, es una decisión que obtiene su racionalidad solo dentro de una concepción ideológica de la realidad, en concreto de la ideología materialista. Tiene perfectamente cabida y se acomoda sin dificultad dentro de una visión de las cosas que no se corresponde con la realidad. Como ha recordado el Papa Francisco recientemente: “Este es el camino nefasto de las colonizaciones ideológicas que (…) anteponen a la realidad de la vida conceptos reductivos de libertad, por ejemplo, presentando como conquista un insensato derecho al aborto”.
La resolución es, además, acientífica. Lo que parece ser su fundamento contradice lo que hoy se tiene por una evidencia científica, a saber, que a partir del momento de la fecundación se puede hablar de una nueva vida humana. Por eso dicen los Obispos españoles que es irracional negar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada. Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, no se puede negar que desde el momento de la concepción nos encontramos ante una nueva vida humana: “El feto, en el claustro materno, se ha dicho con razón, no forma parte de la sustantividad ni de ningún órgano de la madre, aunque dependa de esta para su propio desarrollo”. Y esa nueva vida humana “es sagrada e inviolable en cada momento de su existencia, también en el inicial que precede al nacimiento” (San Juan Pablo II).
La resolución del Tribunal Constitucional tiene, en fin, carácter discriminatorio al declarar constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos. Se priva de derechos humanos a determinados seres humanos de manera caprichosa, es decir, sin que haya verdaderas razones que lo justifiquen. Como si estos seres humanos despojados de su derecho más básico y fundamental a la vida fueran cosas, seres humanos que no lo son en realidad. No es eso desde luego lo que dice cualquier mujer cuando descubre estar en cinta: “Voy a tener un hijo”, afirma convencida y feliz.
La pregunta que podemos formularnos al final de estas líneas suena algo así como esto: ¿es preferible o deseable una sociedad que promueve la cultura de la vida y tiene como una de sus bases o fundamentos principales el derecho de todo ser humano a la vida como primera exigencia de su dignidad, o aquella otra que proclama como un derecho el procurar la muerte al no nacido? ¿Se puede llamar justa a una sociedad construida sobre esta base o fundamento? ¿De verdad es un derecho fundamental dar muerte a un inocente?
