Queridos diocesanos:
El pasado día 22 de junio ha celebrado la Iglesia la memoria de dos mártires, dos auténticas personalidades, que ocupan un puesto de honor en la historia de la Iglesia en Inglaterra: el obispo Juan Fisher y el que fuera Lord Canciller de Inglaterra, Tomás Moro. Ambos murieron mártires por no ceder a las pretensiones de Enrique VIII y oponerse a la anulación del matrimonio del rey con Catalina de Aragón. Hasta el fin de sus vidas fueron leales a su patria y al rey, obedecieron las leyes de su país y las respetaron en conciencia, hasta que puestos en la tesitura de elegir obedecer a Dios o a los hombres, se decantaron sin dudar por servir y obedecer al que es señor de los señores por encima de cualquier autoridad humana, incluso las más altas.
Las figuras de estos dos grandes santos que defendieron con sus vidas la santidad del matrimonio cristiano me han recordado en estos días la importancia que para el bien común tienen las leyes que regulan aspectos fundamentales en la vida de los pueblos: el matrimonio, la propiedad, la libertad religiosa… ¡la enseñanza!
Consciente de ello, la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha emitido recientemente, a propósito del Proyecto de Ley de Educación publicado recientemente (LOMLOE), una Nota cuyo contenido fundamental considero oportuno recordar. La Nota de los obispos se centra en algunos puntos que es necesario tener en cuenta al tratarse de un tema tan decisivo para la vida de un pueblo como la educación.
El contenido de la Nota debe enmarcarse en el contexto de los artículos 16 y 27 de la Constitución española. En el primero se garantiza, entre otras cosas, la libertad religiosa y de culto de individuos y comunidades. El segundo reconoce el derecho de todos a la educación, así como la libertad de enseñanza; en dicho artículo se garantiza también “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Por eso, los obispos de la Comisión Episcopal han querido subrayar en primer lugar la necesidad de “proteger y promover” tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza, dos derechos fundamentales de la persona; a la vez, muestran su deseo de que las inmediatas consecuencias de ambos derechos se recojan en el Proyecto de Ley de Educación, de manera que no se queden en bellos principio privados de sus necesarias consecuencias. Entre estas se recuerda, ante todo, la responsabilidad propia y primaria de los padres en la educación de los hijos ˗el Estado, recuerdan los obispos, no es el primer sujeto del derecho educativo˗, responsabilidad que comporta derechos bien determinados. Piden que en el actual Proyecto se recoja “la demanda social” en todas las etapas del proceso educativo, “desde la elección del centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato de igualdad de los diversos centros y la libertad para su creación”.
El pleno desarrollo de la persona, objeto de la educación según el art. 27 de la Constitución es un principio que no permite que la educación moral y religiosa quede al margen del ámbito escolar, ya que resulta necesaria para que la persona “pueda crecer como sujeto responsable y libre”. Es por eso que la asignatura de la Religión debe estar presente en la escuela, como ocurre en los sistemas educativos de Europa. La identidad de la persona abraza dimensiones diversas: históricas, culturales, morales y religiosas, entre otras; sin ellas no se llegará a comprender por entero la propia realidad. Como se afirma en la Nota de los obispos, la asignatura de Religión “no debe ser considerada ajena al proceso educativo” y debe ser tenida como una asignatura “comparable a otras fundamentales, y por tanto, evaluable de igual manera”.
Dada la trascendencia de lo que está en juego resulta más que justificado el deseo de los obispos de que por parte del Estado se dé lugar al diálogo social y a la colaboración de todas las partes interesadas en la preparación de la nueva Ley de Educación y Cultura.
