Queridos diocesanos: La semana pasada terminaba esta colaboración en La Tribuna, recordando una afirmación del Papa León en su discurso al Parlamento Español, que constituye un sólido principio para toda reflexión sobre los fundamentos de una sociedad verdaderamente humana. Decía el Papa en aquella ocasión: “toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana”. Ante cualquier nuevo reto que se plantee, ante cualquier problema que se suscite en el seno de la sociedad, la pregunta decisiva a la hora de elegir entre las posibles soluciones es: ¿cuál de ellas protege o defiende, promueve o mejora más y mejor la dignidad de la persona humana, de toda persona humana?
Si la dignidad es patrimonio de cada ser humano por el simple hecho de existir, y si esa dignidad radical “acompaña” a la persona mientras dure su existencia terrena, se diría que la vida, el derecho a la vida, el respeto de la misma es la primera exigencia que deriva del reconocimiento de la dignidad de la persona. Es su valor fundamental, básico; si ese derecho exigido por la propia dignidad desaparece, desaparecen automáticamente todos los demás, carecen de sentido. De ahí que el Papa, al hilo de esta reflexión, formule una pregunta que puede resultar incómoda: “¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio, a quien depende enteramente del cuidado de los demás?”. La respuesta implícita en la pregunta es clara: no. No se la puede llamar una sociedad plenamente justa. No es posible, porque o es negado o está peligrosamente en juego el primer requisito para poder hablar de una sociedad justa. Se niega o está gravemente en juego la dignidad de la persona. En una sociedad que quiera ser justa, la protección de la persona debe comenzar por el más atento cuidado de aquellas cuyas vidas están más seriamente amenazada, por los más vulnerables, por tanto, por los más débiles, los niños, especialmente los no nacidos todavía, los enfermos más graves, los ancianos, los que carecen de lo necesario para vivir. “Por eso, es de nuevo el Papa quien lo afirma, la grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”. Es el principio “no escrito” que rige en la vida de una familia, y debe ser el principio “escrito” en las leyes fundamentales que rigen la vida de una sociedad, humana, moderna y avanzada. De manera que cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables y pobres son los primeros en sufrir sus dolorosas consecuencias “y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”; la ley se desnaturaliza y deviene decisión irracional, y por tanto caprichosa, arbitraria, casi siempre “imposición”, con la carga de violencia que conlleva.
Como ha quedado sugerido, en este contexto se comprende bien la importancia decisiva de la familia, pues en ella la cada uno de sus miembros es reconocido y apreciado en su singularidad, el cuidado mutuo es ley en las relaciones dentro del hogar, y en él se vive, como por instinto, que el bien de todos es más importante que el de cada uno. De ahí que se diga con razón que “la familia será siempre la primera escuela de humanidad”, y que deba ser protegida celosamente, apreciada, promovida y sostenida. La familia constituye un verdadero bien social e ignorarla supone minar uno de los pilares básicos de toda buena sociedad.
Pero en la edificación de una sociedad más humana, moderna y avanzada, no solo el cuidado, protección y mejora de la vida física es un objetivo primordial; también lo es el de la educación, el de una enseñanza integral que incluya la formación moral como uno de sus ejes estructurales. Siempre será tarea irrenunciable enseñar a las nuevas generaciones “a buscar y amar la verdad, a cuestionarse sobre el sentido de la vida y la dignidad de cada persona”. En este contexto es importante recordar hoy algo que debería resultar a todos evidente: que es derecho primario e inalienable de los padres dar a sus hijos, o procurar que reciban, una educación en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. El Estado “más que un derecho” tiene el “deber” de proceder de modo subsidiario en este terreno. Volveremos sobre este punto la próxima semana, si Dios quiere.
