Queridos diocesanos:
Cuando surgen temas que suscitan fuerte discusión en la opinión pública, con frecuencia alimentada por visiones partidistas de las cosas que, tozudamente, se resisten a aceptar la realidad, puede ser oportuno, en cuanto ello es posible, abstenerse de entrar en la refriega y usar de paciencia hasta que la efervescencia de la discusión se atenúe. Es lo que ha ocurrido en el asunto de los bienes inmatriculados o registrados por la Iglesia a su nombre durante el periodo 1998-2015.
Para arrojar claridad sobre este asunto, conviene, ante todo, recordar por qué se habla de este preciso periodo de tiempo que apenas abraza 7 años. Pues porque en el año 1998 se estableció un sistema por el que se podían inscribir en el registro aquellas propiedades que, desde hacía siglos, pertenecían a instituciones centenarias como la Iglesia u otras administraciones públicas. De ese modo la Iglesia, pero no solo ella, repito, pudo inmatricular sus bienes en el registro de la propiedad mediante “certificación eclesiástica de dominio” expedida por el Obispo del lugar. Lo que la Iglesia hizo a partir en esos años se ajustó plenamente a la legalidad vigente.
Las cosas cambiaron en 2017 con la Reforma de la Ley Hipotecaria, según la cual la Iglesia ya no podía utilizar el procedimiento apenas indicado. A partir de ese momento, para proceder a inmatricular los bienes que todavía no tenía inscritos, debía actuar como cualquier otra persona física o jurídica; y así procedió. Todo regular, tal como reconoció el mismo Gobierno: “la Iglesia lo hizo bien”; inmatriculó legalmente sus bienes, por más que alguien se empeñe, sin razón, en afirmar lo contrario.
¿Qué pasó después? Que a mediados de 2017 el Gobierno pidió a la Dirección General de los Registros y del Notariado que le proporcionara una lista con los bienes inmatriculados por la Iglesia mediante certificación de su inventario: unos 35.000 aproximadamente. El Gobierno solicitó a la Iglesia que revisase dicho listado por si alguno de los bienes contenidos en el mismo no eran realmente de su propiedad y poder regularizar su situación. Aunque no había una sola denuncia en ese sentido, el Gobierno pidió la revisión. Y la Iglesia, con paciencia benedictina, así lo hizo: revisó una a una todas las anotaciones contenidas en la lista que le fue presentada
Con ocasión de la visita del Presidente del Gobierno a la sede de la Conferencia Episcopal, la Iglesia entregó el informe solicitado, informe que, en un ejercicio de trasparencia –no imitado por otras entidades públicas que inmatricularon sus bienes siguiendo el mismo procedimiento que la Iglesia-, fue publicado también en la página webb de la Conferencia. Se detectaron incidencias en unos 2.500 inmuebles, que al final quedaron reducidos a 943. De la mayoría de ellos, 608, la misma Iglesia ha declarado que no puede validar su registro por falta de la suficiente información, de lo que, sin embargo, no se puede deducir automáticamente que no son suyos, sino sencillamente que no puede garantizar que sean suyos, y habrán de ser objeto de examen más detenido. La Iglesia se compromete a colaborar para aclarar su titularidad.
Así están las cosas. Esta es su verdad. A la luz de lo expuesto se podrá juzgar de la insidia patente en los titulares de ciertos periódicos, según los cuales la Iglesia habría inscrito a su favor con malas artes bienes que no eran suyos; bienes que, por lo tanto, debería devolver. Pero la realidad es que la Iglesia ha procedido en este asunto con pleno respeto de la legalidad, con la mayor trasparencia y haciendo ejercicio ejemplar de colaboración con las autoridades civiles.
Sería muy deseable que se pidiera a las Administraciones y Corporaciones de derecho público que depurasen sus listados de los bienes que inmatricularon por el mismo procedimiento que la Iglesia. De lo contrario estaríamos ante un nuevo caso de discriminación con la Iglesia, poco acorde con una sociedad verdaderamente democrática.
